FBI y DEA inician ofensiva contra hermanos Farías por contrabando de combustible

Agencias federales de Estados Unidos, encabezadas por el FBI y la DEA, han intensificado sus operaciones contra los hermanos Farías, señalados por su presunta participación en el contrabando masivo de combustible hacia territorio mexicano. A través de la denominada operación Muerte Líquida, las autoridades norteamericanas buscan desarticular una red logística que, según los informes de inteligencia, suministra hidrocarburos de procedencia ilícita al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fortalecer sus actividades operativas en diversas regiones del país.

La investigación apunta a que los hermanos Farías habrían establecido una compleja estructura para el desvío y comercialización de combustible, evadiendo los controles aduaneros en la frontera norte. Este esquema no solo representa una pérdida significativa para el erario público, sino que ha permitido a grupos de la delincuencia organizada asegurar el suministro necesario para el traslado de sus convoyes y el mantenimiento de su infraestructura criminal en zonas rurales y urbanas de México.

Fuentes cercanas a las agencias estadounidenses han señalado que la operación Muerte Líquida se centra en el rastreo de transferencias financieras y el monitoreo de cargamentos terrestres que cruzan la línea fronteriza. La colaboración con instituciones mexicanas, como la FGR y la Secretaría de Marina, ha sido fundamental para el intercambio de información técnica que permita identificar los puntos de acopio y las rutas utilizadas por los sospechosos.

Aunque hasta el momento no se han confirmado detenciones masivas, las autoridades han indicado que las investigaciones se encuentran en una etapa crítica para desmantelar las células de apoyo. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad federales en México han reforzado la vigilancia en zonas estratégicas de ductos y refinerías para mitigar el impacto de estas actividades ilícitas que vulneran la seguridad energética nacional.

El seguimiento a este caso se mantiene bajo estricta reserva por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mientras se evalúan las posibles solicitudes de extradición que podrían derivarse de las pruebas recabadas. Por su parte, el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso con la cooperación internacional para combatir el tráfico transfronterizo y debilitar las capacidades logísticas de las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.