Gobierno mexicano analiza nuevo impuesto para dispositivos electrónicos y almacenamiento digital

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ha comenzado a trabajar en una propuesta legislativa que busca implementar una tarifa compensatoria sobre el valor de dispositivos electrónicos y memorias de almacenamiento. Este gravamen, que ascendería hasta el 2% sobre el precio de venta al público de celulares, tabletas y unidades USB, tiene como objetivo declarado fortalecer la remuneración a los creadores y titulares de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.

La medida, que ha sido calificada por diversos sectores de la industria tecnológica y organismos de defensa del consumidor como un cargo adicional al costo de los equipos, se encuentra actualmente en fase de análisis técnico. Las autoridades federales argumentan que el incremento en el uso de estos dispositivos para el consumo de contenidos protegidos requiere un mecanismo de recaudación que garantice la compensación justa a autores, artistas y productores mexicanos ante la piratería y el consumo masivo en plataformas digitales.

Representantes del sector comercial y de la industria de las telecomunicaciones han expresado que cualquier ajuste al alza en los precios finales podría impactar directamente en la capacidad adquisitiva de los usuarios, especialmente en un contexto económico donde el acceso a la tecnología es fundamental para la educación y el trabajo. Los gremios empresariales han manifestado su intención de entablar mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar las repercusiones económicas de esta posible carga fiscal antes de que se presente formalmente ante el Congreso de la Unión.

Por su parte, la Secretaría de Cultura ha señalado que el diseño de esta tarifa busca alinearse con estándares internacionales que ya contemplan mecanismos similares para proteger la propiedad intelectual en otros países. No obstante, al tratarse de una propuesta en etapa de planeación, el esquema final de aplicación, las posibles excepciones y los métodos de recaudación aún están sujetos a modificaciones tras las consultas con los actores involucrados.

De avanzar esta iniciativa, el Poder Legislativo deberá analizar su viabilidad dentro del paquete económico correspondiente. La discusión se centrará en equilibrar la protección a los derechos de autor con el derecho constitucional al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, un tema que promete generar un intenso debate en el Senado de la República y la Cámara de Diputados en los próximos meses.